A raíz de los hechos ocurridos en la Secretaría Ministerial de Educación de la Región de O´Higgins respecto a la emisión de certificados de estudio no válidos por parte de un funcionario de este servicio, se informa que:

• Esta fiscalización surgió en el marco de una investigación ya en curso, y la modernización del protocolo de control y seguimiento para la gestión de los registros curriculares, que incluye, entre otras cosas, formalizar la creación de controles y seguimiento de las tareas asignadas a los equipos y funcionarios de registro curricular nacional, en las distintas etapas asociados a la solicitud y carga de certificados.
• En este caso concreto, se detectó en la cuenta de un funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de O’Higgins una posible vulneración de los procedimientos regulares establecidos para la carga de 138 certificados de estudios.
• Esta alerta derivó en una revisión más detallada de los antecedentes, que permitió identificar una serie de inconsistencias en el registro de dichas solicitudes y posterior carga de certificados en el sistema. Además, se constató la falta de actas de estudios que permitan acreditar esos documentos.
• Tras verificarse estas anomalías, la seremi de Educación, Alyson Hadad, dispuso el lunes 15 de abril la realización de un sumario administrativo interno y entregó los antecedentes del caso al Ministerio Público, dado que los hechos expuestos pueden revestir el carácter de delito.
• Para el Ministerio de Educación es fundamental la transparencia y el correcto funcionamiento de la institución encargada de atención ciudadana y de la emisión de certificados de estudios, entendiendo que hay un bien mayor que cuidar: que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la confianza de que los certificados de estudios cuentan con los antecedentes y respaldos correspondientes.
• Por lo anterior, hemos dispuesto la realización de un sumario interno, a fin de adoptar las medidas administrativas que nos permitan sancionar este caso. Además, nos ponemos a disposición de las diligencias que solicite el Ministerio Público para esclarecer si esta situación es constitutiva de delito.