Con la presencia de alumnos, docentes y apoderados, la directora del Instituto Santa Teresa de Los Andes de la comuna de Graneros, Alejandra Muñoz, firmó hoy la solicitud del documento que cambia la modalidad de financiamiento en el marco de la Ley de Inclusión.

En la ocasión, Alejandra Muñoz indicó que “nosotros apoyamos la reforma educacional, y toda medida que apunte a poner fin a prácticas que segregan, y por ello hemos decidido terminar con el copago, comenzando una nueva etapa en la educación que brindamos, pero con la misma excelencia que nos ha caracterizado”.

Respecto a ello, la seremi de Educación, Alyson Hadad, destacó que “al igual que este colegio particular subvencionado, tenemos muchos otros que ya han efectuado el trámite o que están en vías de hacerlo, pues han entendido que la Ley de Inclusión aporta a los sostenedores de colegios particulares subvencionados una importante cantidad de recursos frescos, destinados a mejorar la gestión de sus establecimientos. Estos recursos serán entregados a todos los sostenedores que manifiesten su voluntad de ser gratuitos a partir del 1 de marzo de 2016, y que tengan vigente el Convenio de la Ley SEP al 30 de agosto de este año”.

Agregó que “la Ley de Inclusión fortalece la Educación Pública, ya que los sostenedores municipales recibirán los mismos incrementos de la Ley SEP, la creación de la SEP Preferente y el Aporte por Gratuidad”.

Cabe destacar que entre los establecimientos educacionales que ya han optado voluntariamente por el régimen de financiamiento a gratuito, se encuentran colegios, liceos y jardines infantiles, con lo cual hasta el momento cerca de 8.000 alumnos de la región que estudian en colegios que tenían copago, no tendrán que pagar por estudiar en el 2016, ubicándose entre ellos los 2.100 alumnos del Instituto Santa Teresa de Los Andes.

El próximo 31 de agosto vence el plazo para el cambio de régimen de financiamiento para los establecimientos educacionales subvencionados, con lo cual todos sus alumnos tendrán en el 2016 una educación sin costo para sus familias gracias a la iniciativa que ha impulsado el gobierno de la Presidenta Bachelet, enmarcándose ello en la ley de inclusión, que pone fin al lucro, a la discriminación y al copago en el sistema educacional financiado con recursos públicos.